¿Autoridades independientes de partido?; por Josu de Miguel[1],
El día 27 de diciembre de 2024 se publicó, en el Diario El Mundo, un artículo de Josu de Miguel en el cual el autor diserta sobre cómo encuadrar el saber técnico en el Estado y hacerlo convivir con los órganos constitucionales y opina que es una exigencia intelectual imperativa, pero contraintuitiva en una era populista.
(Fuente: Diario del Derecho-Iustel)
¿AUTORIDADES INDEPENDIENTES DE PARTIDO?
Antes que nada, conviene explicar al lector qué son las “autoridades independientes”. Se trata de una serie de instituciones que, como consecuencia de la llegada de la sociedad del riesgo, la devolución de poderes desde el Estado a la sociedad desde finales de la década de 1970 y la necesidad de garantizar los derechos de los consumidores, ejercen tareas de supervisión de los mercados desde la independencia y la neutralidad que ofrece el conocimiento técnico de las personas que las integran. Su existencia genera polémica, es claro, porque esas tareas de supervisión suelen solaparse con la política ideológica que, por mandato constitucional, pueden (y deben) llevar a cabo los gobiernos y los parlamentos.
Me temo que el principio mayoritario sin límites está de vuelta y que las autoridades independientes están deslegitimadas por los errores que han ido cometiendo en el ejercicio de sus funciones. En estos momentos, quizá solo se salve el Banco Central Europeo -sobre todo, a ojos de la izquierda- por las decisiones arriesgadas tomadas por Mario Draghi en el marco de la crisis económica que asoló Europa en la pasada década. En el caso español, resulta doloroso recordar el papelón que la Comisión Nacional de la Energía jugó en la compraventa de acciones de Endesa, los escándalos de Gescartera y de las Sociedades Filatélicas y el derrumbe de las Cajas de Ahorro. Desempeños dudosos -incluso del Banco de España- que pusieron en tela de juicio la eficacia de unos órganos cuyas decisiones para la buena marcha de la economía y la garantía de los derechos de los consumidores parecían estar supeditadas a las presiones de quienes tenían como único objetivo ganar las próximas elecciones.
La relación entre los partidos y las administraciones independientes es por fuerza paradójica: mientras los primeros siguen siendo los actores principales de la representación, las segundas aspiran a ocupar su lugar sin un adecuado reconocimiento constitucional y sin un mecanismo de control político que sí existe cuando se trata de abordar la responsabilidad de un gobierno. Los órganos reguladores toman decisiones de gran importancia, y los partidos, en el contexto del Gobierno y las Cortes, son en el fondo los receptores de intereses tanto en lo que respecta a las empresas como a los consumidores, motivo por el cual resulta muy complicado que renuncien a interferir en el engranaje de los reguladores.
El buen funcionamiento de estos depende de que esté resguardada su autonomía desde varios puntos de vista: financieramente, garantizando que la mayor parte de los recursos provengan de los presupuestos generales; orgánicamente, creándolos por ley, y; funcionalmente, prohibiendo que puedan recibir instrucciones de otros poderes públicos y privados. La autonomía funcional exige que las personas elegidas sean adecuadas desde el punto de vista curricular y tomen sus decisiones teniendo en cuenta el criterio de la imparcialidad, lo que implica situarse por encima de las partes y del objeto del proceso que se esté ventilando.
En el año 2013, el ejecutivo de Rajoy impulsó un nuevo y polémico superregulador mediante la Ley 3/2013, que creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los miembros de la CNMC los nombra el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía, previa comparecencia de la persona propuesta ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Esta podrá, por mayoría absoluta, vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la comunicación. La creación de la CNMC, con competencia multisectorial, trajo un buen disgusto a España: dos miembros de la eliminada Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea, recurrieron su cese por considerarlo nulo de acuerdo con la ley por la que fueron nombrados. En el marco del recurso, el Tribunal Supremo presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, que sentenció que el cese de los vocales había vulnerado los requisitos de competencia e independencia que exige la Directiva 2002/21/CE.
Ahora había que renovar la CNMC, cuyo mandato estaba parcialmente vencido, y el Gobierno ha hecho lo que se esperaba: un cambio de cromos con los partidos de su mayoría. El PP no ha querido participar en el cambalache habitual, no porque esté en contra de la política de cuotas, sino porque quería más consejeros atendiendo a su fuerza parlamentaria. En apariencia, todos los nombres propuestos cumplen con las exigencias de especialización en alguna de las materias que aborda la CNMC y de independencia funcional. Pero yo mismo, desde el buscador de Google, he sido capaz de encontrar vínculos entre varios de los nuevos consejeros y los partidos de la mayoría confederal.
Por ejemplo, Ángel García Castillejo, que ejercerá como vicepresidente del organismo, ha sido últimamente el hombre de Podemos en la Corporación de RTVE y fue, durante bastantes años, coordinador del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y cuota de este partido en otras autoridades independientes. El PSOE ha propuesto a un hombre muy cercano a Patxi López, Rafael Iturriaga, asesor suyo en el Gobierno Vasco, antiguo miembro del Tribunal Vasco de Cuentas y últimamente vocal en la Autoridad Vasca de la Competencia. Debe de existir un mercado vasco distinto al español y europeo y yo sin enterarme. Junts ha impuesto, con su sadismo habitual, a Pere Soler, director de los Mozos de Escuadra durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y un señor con mucha suerte a tenor de su progreso curricular: de concejal de CiU y miembro del Tribunal Arbitral de Terrassa, a director de la Autoridad Catalana de la Competencia. El PNV ha preferido un perfil técnico, pero bien aprendido, designando a Enrique Monasterio, miembro de otro chiringuito autonómico: el Ente Vasco de la Energía.
Estos nombramientos tendrán que pasar el hearing del Congreso de los Diputados para verificar la competencia profesional de los consejeros. Un cuarto de hora por candidato, es decir, un trámite para dar barniz democrático a una negociación llevada a cabo por los partidos, que también debe respetar la cuota del Ministerio de Economía (Carlos Cuerpo ha optado por María Vidales, actual directora del Área de Promoción de la Competencia en la CNMC). En mi opinión, las designaciones para renovar la CNMC no son arbitrarias, pero sí -excepto el caso de María Vidales- probablemente inidóneas para llevar a cabo tareas de alto contenido especializado. En términos ordinarios, el funcionamiento de las autoridades independientes no presenta graves problemas en España. Ahora bien, cuando hay que tomar decisiones de carácter político (véase la posible OPA del BBVA al Banco Sabadell) y de importancia para el interés general, la influencia de los partidos que han elegido a sus candidatos para un órgano regulador se deja sentir y el resultado suele ser el esperado.
ME cansa tener que hablar de colonización partidista o “politización” de las instituciones. La politización de las instituciones es una premisa insoslayable en las democracias. En el asunto aquí traído, el problema es otro: quizá hemos sido incapaces de construir una legitimidad solvente de las autoridades independientes a partir de los principios de imparcialidad, reflexividad y ejemplaridad. Cómo encuadrar el saber técnico en el Estado y cómo hacerlo convivir con los órganos constitucionales es una exigencia intelectual imperativa, pero a la vez contraintuitiva porque en la era populista la objetividad, los hechos y la neutralidad no están de moda. Los partidos, me temo, están usando además la máscara del experto para tomar decisiones importantes, eludiendo la responsabilidad inseparable de la representación y la dirección política. El resto del silogismo me parece que lo pueden hacer ustedes por sí solos.
[1] Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria.
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