El día 19 de diciembre de 2024 se ha publicado, en el diario Expansión, un artículo de José Carlos Laguna de Paz en el cual el autor opina que no va a ser fácil revertir la pérdida de competitividad de la industria europea.
(Fuente Diario del Derecho-Iustel, 24 de Diciembre de 2024)
Si nuestras ‘telecos’ no son competitivas, no serán, por José Carlos Laguna de Paz[1].
La nueva Comisión Europea haría bien en tomar en cuenta los informes Letta y Draghi, que denuncian la alarmante pérdida de competitividad de la industria europea. En esta línea se había pronunciado ya el Libro Blanco sobre las redes digitales, que presentó a comienzos de año el comisario saliente.
Estos informes contrastan con la valoración habitual de los reguladores sectoriales, complacientes con la situación del sector. Es verdad que hay fuerte competencia entre operadores, elevados índices de portabilidad, crecimientos de tráfico exponenciales y que los precios no dejan de bajar. Además, según parece, España es líder mundial en líneas de banda ancha fija, solo por detrás de Corea del Sur y Japón. Las redes 5G llegan a la mayor parte de la población. Está sólo pendiente completar su extensión a las zonas rurales, lo que se facilita un programa de ayudas públicas.
El problema es que esta es sólo una de las dos caras de la moneda. Estamos en una carrera tecnológica mundial que disputan EEUU y China, en la que nosotros (por el momento) no participamos. Los operadores europeos han perdido competitividad, capacidad de inversión e innovación y presencia internacional. Hace unos años nuestras empresas llegaron a tener un dominio mundial, en tecnología (UMTS) y servicios. Ahora, las telecos abandonan mercados, externalizan sus propias redes y pueden ser fácilmente compradas por inversores foráneos. La excepción es Deutsche Telekom, cuyo acierto fue entrar en el mercado estadounidense, concentrado, desregulado y con precios altos.
Hay tres factores que explican esta situación. En primer lugar, la regulación que ha favorecido la competencia también ha debilitado a los operadores dominantes en sus respectivos mercados domésticos (en España, el operador histórico ha perdido más del 60% de cuota de mercado). Una regulación que obliga a compartir la innovación con los competidores, a precios fijados por la Administración, deja muy poco margen para diferenciar servicios. No hay más alternativa que competir en precios. Los consumidores se benefician de precios bajos, pero las telecos apenas tienen retorno por sus inversiones, o lo que es lo mismo, no ganan suficiente dinero y se descapitalizan. En la última década, las telecos europeas han perdido un 41 % de su valor.
Fragmentación. En segundo lugar, el mercado europeo está muy fragmentado. Los operadores europeos tienen menor tamaño que sus rivales en Estados Unidos y Asia, que cuentan con mayor capacidad para invertir en investigación y desarrollo (servicios en la nube, inteligencia artificial, semiconductores). La UE tiene 34 operadores móviles con red, frente a los 3 de Estados Unidos y los 4 de China.
En tercer lugar, la cadena de valor se ha desplazado de las redes a los servicios on line, donde está la innovación y el negocio. El riesgo es que las telecos vean reducido su papel a la prestación de acceso a Internet, lo que las relegaría a un papel secundario en el universo digital.
Las empresas europeas no obtienen suficiente rentabilidad por sus inversiones, están descapitalizadas y les falta capacidad para invertir en redes e innovación. En pocas palabras, necesitan más dinero, más tamaño y más servicios. La cuestión es, entonces, ¿qué remedios aplicar?
En primer lugar, podemos desregular más el sector. Desde la liberalización, la UE aplicó una política de promoción de la competencia a ultranza, que no ha tomado suficientemente en cuenta el derecho del propietario de una infraestructura a explotarla en beneficio propio.
No obstante, también es cierto que la vigente regulación europea, aprobada a finales de 2018, es más sensible a la necesidad de favorecer las inversiones. La mayor parte de los mercados han sido desregulados, salvo los accesos mayoristas en redes fijas. Además, mientras se mantengan, las obligaciones de acceso deben tomar “debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras”. Los acuerdos de compartición de infraestructuras también pueden ser una solución eficiente, en un contexto en el que parece haberse desplegado más fibra de la necesaria.
No parece que deba suprimirse el acceso a la obra civil (conductos), bajo condiciones y precios razonables, que la legislación no limita a las empresas del sector, sino que lo extiende a las demás empresas de servicios (gas, electricidad, calefacción, agua) y de redes (ferrocarril, carreteras, puertos, aeropuertos). La clave está en fijar un precio adecuado. El propietario de la infraestructura no puede prevalerse de su posición de dominio, pero el regulador tampoco debe fijar un precio insuficiente, que no tome en cuenta todos los costes asociados a la red.
No puede tampoco dejar de advertirse que una completa desregulación no ha dado buenos resultados en Estados Unidos. Las empresas tienen mayor valor bursátil y mayor capacidad de inversión, pero operan en un mercado muy concentrado, con precios elevados, en el que la mayor parte de la población tiene una reducida capacidad de elección entre proveedores de acceso a Internet, a velocidad limitada. La cobertura del servicio universal es también deficiente.
En segundo lugar, las empresas necesitan más tamaño, si es que aspiran a ser actores globales. En el pasado reciente, nuestras empresas entraron en mercados de terceros países. La cuestión es que un sector descapitalizado y endeudado no puede plantearse la expansión internacional, siempre expuesta a la inestabilidad política de los países que reciben las inversiones, a la falta de seguridad jurídica y a la posible competencia desleal.
Velados obstáculos políticos. Las concentraciones europeas no encontrarían obstáculos por parte de las autoridades europeas, aunque podrían tener que enfrentarse con velados obstáculos políticos de las autoridades nacionales. A ello hay que añadir la carencia de recursos económicos por parte de los operadores, que tampoco encuentran suficientemente atractiva una operación que solo les ofrece limitados ahorros de costes. Mirando los intereses españoles, no es tampoco el mejor momento para que empiece el baile de fusiones.
La consolidación en los mercados nacionales se ha visto hasta ahora frenada por las autoridades de defensa de la competencia. Frente a ello, se argumenta que hay que desmitificar la importancia del número mínimo de operadores. La cuestión es que, en un mercado ya concentrado, aunque se produzca, la consolidación en los mercados nacionales, por fuerza, tiene que ser limitada.
En tercer lugar, el papel de las telecos no puede reducirse a proporcionar acceso a Internet. La tecnología puede abrirles la posibilidad de incorporar inteligencia a las redes y, con ello, de prestar nuevos servicios (sanitarios, de movilidad, agrícolas, ambientales, etc.). Entre ellos, los que reduzcan la vulnerabilidad de nuestras redes y servicios frente a posibles ataques, que -en un abrir y cerrar de ojos- paralizarían nuestra sociedad.
En cuarto lugar, en el aire está también la posibilidad de que la regulación imponga o favorezca que las big tech contribuyan a la financiación de las redes (fair share), en correspondencia al uso intensivo que hacen de ellas. Mucha menos confianza cabe depositar en la movilización de inversiones públicas, como propone el informe Draghi, que -seguramente- serían tan ineficientes como lo están siendo los fondos “nueva generación”, lo que algunos ya advertimos en la fiesta que se organizó para celebrarlos.
El diagnóstico no es la solución. No va a ser fácil revertir la pérdida de competitividad de la industria europea. No se puede crear un Silicon Valley desde un despacho, en Madrid o Bruselas, como tampoco se creó desde Washington. Las medidas propuestas pueden mejorar la eficiencia de nuestros operadores, pero -con los pies en el suelo- es difícil pensar que alguna empresa europea pueda hacerse hueco entre las grandes tecnológicas. Nos está pasando en más sectores, como el farmacéutico. No hace mucho tiempo, cuatro de cada cinco medicamentos se patentaban en Europa. Ahora, solo uno.
Pero sin diagnóstico tampoco hay soluciones. Los políticos de la UE están centrados en resolver problemas globales, pero se han olvidado de la competitividad de nuestras empresas, sin la que no se pueden pagar las facturas. En un mundo globalizado, tecnológico y más incierto que nunca, las telecos europeas serán competitivas o, sencillamente, no serán.
[1] Catedrático de Derecho Administrativo Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid .
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